El programa de defensa inmigrante del Condado de San Diego ha sido lanzado: Lo que tienes que saber

El Condado de San Diego ahora ofrece servicios legales gratuitos a inmigrantes detenidos enfrentando casos de deportación, anunciaron funcionarios el Jueves, haciendo al condado el primero a lo largo de la frontera México-Estados Unidos en ofrecer dichos servicios. En lo que va del programa ya existen alrededor de una docena de clientes, comentaron funcionarios.

El programa piloto Immigrant Rights Legal Defense ofrece abogados a individuos detenidos por autoridades de inmigración, ya sea en centros de detención como el de Otay Mesa o en programas de detención alternativos, como el monitoreo vía GPS.

“Esto va a cambiar vidas”, dijo Terra Lawson-Remer, Supervisor del Condado del Distrito 3 quien propuso el programa, durante una conferencia de prensa el Jueves.

El condado ha presupuestado $5 millones en el primer año del programa para pagar los servicios ofrecidos por tres organizaciones legales sin fines de lucro: el Southern California Immigrant Project, Jewish Family Service of San Diego, y el American Bar Association’s Immigrant Justice Project. Los fondos también incluyen $500,000 para servicios de traducción.

Actualmente existen más de 8,000 casos de deportación pendientes en el Condado de San Diego. Más del 40% de esos casos no son representados por un abogado, según el Transactional Records Access Clearinghouse en la Universidad Syracuse.

Históricamente, la representación ha sido mucho más baja. Desde el 2002, sólo alrededor del 12% de los inmigrantes detenidos que han enfrentado casos de deportación en cortes de San Diego fueron representados por un abogado, según datos de TRAC.

Lawson-Remer dijo que la meta es servir a alrededor de 1,000 clientes con el presupuesto actual, pero ese número pudiera incrementar. Si los fondos se agotan, Lawson-Remer dijo que la junta de supervisores está comprometida a aprobar fondos adicionales para que el programa sirva a más personas.

“Hay un compromiso de nuestra junta para financiar el programa completamente, entonces no quisimos ponerle un límite a los fondos porque realmente queremos ser capaces de servir a todos”, dijo Lawson-Remer.

Además de los servicios ofrecidos por las organizaciones sin fines de lucro, el programa se encuentra aceptando aplicaciones de abogados para servir en algún panel e incrementar la capacidad del programa, dijo Michael Garcia, jefe adjunto de la Oficina de Consejo Asignado del Condado, la cual se encuentra ayudando a manejar el programa a través de la Oficina del Defensor Público. 

Inicialmente los defensores de inmigración se mostraron en contra del requisito de elegibilidad como “detenido” para el programa, temiendo que el número creciente de individuos en programas de detención alternativos sería excluido, lo cual fué previamente reportado por inewsource. Sin embargo la junta de supervisores eligió definir de manera “amplia” a los detenidos para incluir a aquellos en esos programas, dijo Garcia.

Esos defensores promovieron el modelo de representación universal — donde cualquier persona que enfrenta procesos de deportación en el condado recibiría un abogado proporcionado por el gobierno. Bajo el nuevo programa, sin embargo, aquellas personas enfrentando casos de deportación quienes no se encuentran sujetos a ningún tipo de detención, incluyendo alternativas al encarcelamiento, no serían elegibles para recibir servicios legales gratuitos.

Lawson-Remer dijo que espera poder ampliar la cobertura del programa para alcanzar la representación legal universal en el futuro.

“Queremos llegar a eso, pero tampoco quisimos fracasar durante el primer año”, dijo Lawson-Remer. “La esperanza es que, usted sabe, dentro de los próximos 18 meses más o menos, podremos ampliar los servicios a un programa universal, pero no quiero hacer promesas que no podamos cumplir”.

El programa se apoyará en que las organizaciones sin fines de lucro corran la voz de sus servicios en la comunidad, dijo Lawson-Remer. Volantes del programa con números telefónicos para cada una de las organizaciones sin fines de lucro serán también distribuidos en el Centro de Detención de Otay Mesa, un centro de detención privado donde el Departamento de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos aloja a personas detenidas.

El ACLU del Condado de San Diego y del Condado Imperial se encuentran sirviendo como parte del grupo de asesores del programa y planean “asegurar que el programa de defensa legal inmigrante sea exitoso y se convierta en un elemento permanente aquí en el Condado de San Diego”, dijo Norma Chávez-Peterson, la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro. 

“El programa de defensa legal inmigrante hace que el sistema de inmigración de nuestra nación sea un poco más justo y más humano”, dijo Chávez-Peterson. “Tenemos mucho camino por recorrer”.