Las autoridades federales están expandiendo rápidamente el uso de una tecnología de teléfonos inteligentes poco conocida para monitorear a cientos de miles de individuos enfrentando procesos de deportación a lo largo del país. Más de 5,000 personas en los condados de San Diego e Imperial ahora están siendo monitoreadas a través del programa — una cifra elevada en comparación de las dos docenas de personas vigiladas hace menos de tres años.
El uso de SmartLINK por parte de autoridades de inmigración, el cual inició en 2018, ha explotado durante el año pasado junto a las preocupaciones de que el programa pudiera estar recabando, compartiendo y monetizando datos de sus usuarios de manera estrepitosa.
SmartLINK — uno de los tres programas alternativos que la administración de Biden ha usado para apoyarse, ya que promete reducir la población de los centros de detención — utiliza información biométrica como comparación facial y GPS para rastrear a individuos en la mira del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., o ICE.
Por qué esto importa
Más de 13,000 casos de inmigración se encuentran en espera en los condados de San Diego e Imperial. Más de un tercio de ellos están siendo monitoreados por autoridades de inmigración con un programa de teléfonos inteligentes poco conocido, que algunos dicen trae cuestionamientos legales y éticos sobre la vigilancia.
Oficiales federales han clasificado a SmartLINK como una alternativa más humana y económica a la detención tradicional, permitiendo a que individuos en espera de procesos legales esperen en su hogar en vez de en uno de los centros de detención de ICE.
Los beneficios de SmartLINK incluyen índices más altos de asistencia a las cortes, el cumplimiento de condiciones de liberación, recordatorios de fechas para presentarse en la corte, recursos para inmigrantes y mensajes directos entre inmigrantes, oficiales y especialistas en casos, según un vocero de ICE.
Pero los críticos dicen que SmartLINK y otros programas han tenido el efecto de expandir el alcance de ICE en las vidas de los inmigrantes, incluyendo a aquellos que típicamente serían liberados en la comunidad sin supervisión para esperar sus audiencias de inmigración.
“Lo que está claro en nuestras comunidades y durante los últimos años es que estas no son alternativas a la detención”, dijo Cinthya Rodríguez, organizadora de Mijente, que aboga por “los derechos, justicia y cambio radical para la comunidad Latinx”. Latinx es un término de género neutral usado para describir a la gente de ascendencia latinoamericana.
“Son una extensión del violento y masivo sistema de detención”, dijo Rodríguez.
Defensores de inmigración están haciendo sonar la alarma de lo que ellos dicen es un sistema de “e-carceration” (traducido literalmente a encarcelamiento electrónico) en rápida expansión — alimentado por la tecnología de vigilancia usada en programas de detención alternativa — que pudiera estar recopilando información sensible de más de 200,000 individuos y sus redes personales de manera silenciosa a lo largo del país, incluyendo a ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
Mijente, junto a otros dos grupos defensores de reformas de inmigración y encarcelamiento, presentaron una demanda en contra de ICE en abril, demandando que la agencia revele qué datos del usuario están siendo recopilados por SmartLINK, con quién podría ser compartida la información y el alcance del monitoreo conducido a través de la aplicación.
Demócratas congresionales han empujado en contra del programa, llamando a una reducción en su uso y el desvío de recursos hacia programas de supervisión orientados a la comunidad, donde organizaciones sin fines de lucro entran para proveer servicios sociales y orientación legal.
Expertos en privacidad dicen que lo más preocupante es lo que la compañía y ICE aún tienen que revelar sobre qué están recolectando y compartiendo.
“Hay mucho que no sabemos, y en tres años de este programa, el hecho de que no conocemos esta información es francamente muy asombroso”, dijo Saira Hussain, abogada del equipo de la fundación Electronic Frontier, una organización sin fines de lucro a favor de las libertades civiles digitales.
“Entendemos lo que implican esas formas tradicionales de encarcelamiento y ‘e-carceration’ (encarcelamiento electrónico), pero esto es en parte un nuevo horizonte. Es una nueva frontera”, dijo Hussain.
Crecimiento explosivo de la vigilancia de SmartLINK
Los inmigrantes inscritos en SmartLINK se conectan a la aplicación desde sus mismos teléfonos inteligentes o desde un celular bloqueado que no tiene ninguna otra función, llamado BI Mobile, que es proporcionado por ICE.
BI Incorporated, la compañía que creó SmartLINK, contrata a sus propios empleados junto con ICE para correr el programa como especialistas de casos. Aquellos que son rastreados bajo SmartLINK pueden mensajear o realizar videollamadas con sus especialistas de caso, cargar documentos, buscar recursos comunitarios y ver fechas próximas de presentación en la corte, según el sitio web de BI Incorporated.
La aplicación utiliza “tecnología de comparación facial” y “permite a oficiales confirmar el cumplimiento de la locación del individuo, toques de queda y restricciones de viaje”, según BI Incorporated. El nivel de supervisión asignado a los usuarios es decidido por agentes de ICE basados en el estatus migratorio del individuo, su historial criminal, historial de cumplimiento y otros factores personales.
Un usuario de SmartLINK que habló con inewsource dijo que tiene que reportarse una vez a la semana y mandar una foto de sí mismo a través de la aplicación. Él también dijo que tiene que reportarse a horas no agendadas cuando sea que el dispositivo lo alerte.
Él pidió anonimato porque su caso sigue en curso y teme que agentes federales tomen represalias en su contra o contra su familia por hablar con los medios.
Él dijo que está obligado a quedarse dentro de un radio de 77 millas como parte de su programa de SmartLINK. Como resultado, él ha tenido que rechazar trabajos de construcción que toman lugar fuera de la zona, lo que dificulta pagar por los servicios legales que tuvo que buscar para su defensa.
Cuando ICE lo inscribió en SmartLINK, le dijeron que podían ver cualquier lugar al que fuera.
“Solo pone una sensación de miedo en mi de que en cualquier momento puedo caer bajo custodia otra vez”, dijo él.
El número de personas usando SmartLINK para reportarse con ICE ha explotado rápidamente, según datos de Transactional Records Access Clearinghouse, o TRAC por sus siglas en inglés, de la Universidad Syracuse.
En abril del año pasado, alrededor de 1,200 individuos estaban usando SmartLINK en San Diego y el Condado Imperial para reportarse con ICE. Este abril pasado, el número superó los 5,000 — la cifra se cuadriplicó en un año.
La cantidad de fondos federales para el programa también va en aumento. Durante la década pasada, el presupuesto de ICE para alternativas de detención se ha inflado desde $6.5 millones en el año fiscal 2012, hasta $440 millones en el año en curso.
La administración de Biden pidió este año un incremento del 17% del presupuesto de 2022 para expandir el programa de asistencia y supervisión intensiva (ISAP por sus siglas en inglés) “en lugar de una dependencia sostenida hacia la detención”.
El contrato de cinco años más reciente de ICE con BI Incorporated, un subsidiario de la compañía de prisiones privadas Geo Group, superó los $2.2 miles de millones de dólares para operar el programa SmartLINK, más el monitoreo de brazaletes de tobillo y reporteo telefónico.
Los críticos también acusaron a ICE de forzar a individuos que normalmente no estarían sujetos a estar bajo supervisión, a inscribirse a SmartLINK después de dejar de estar bajo custodia.
Un vocero de ICE dijo que las alternativas a la detención como SmartLINK “pueden ser apropiadas” para aquellos puestos en libertad bajo palabra, con órdenes de supervisión, en libertad condicional o bajo fianza.
Crece la preocupación por recolección y distribución de datos
Defensores de inmigrantes y de privacidad prevén consecuencias alarmantes en la red de vigilancia en expansión de ICE. Ellos dicen que ICE está utilizando SmartLINK para recolectar información sensible sobre individuos y sus redes, sin proporcionar detalles de qué información está siendo recopilada exactamente y con quién podría ser compartida.
ICE y BI Incorporated han proporcionado información inconsistente acerca de cuándo es que los datos de localización están siendo rastreados, según un reporte de marzo en The Guardian, el cuál se basó en entrevistas con ex-empleados de BI, usuarios del programa y políticas de la compañía.
“Eso deriva realmente en una falta de confianza en la aplicación y falta de confianza en que vaya a ser usada de manera responsable”, dijo Hussain, la abogada de la fundación Electronic Frontier.
La empresa también alentó el intercambio de datos entre agencias gubernamentales y recopiló grandes cantidades de información sobre miles de usuarios a través de la aplicación, reportó The Guardian.
La política de privacidad en línea de BI Incorporated destaca un amplio rango de datos que recopila de sus usuarios. También incluye una explicación sobre cómo es que la compañía usa esa información y cuándo puede que la divulgue a otra entidad.
Sin embargo, algunas de las explicaciones son imprecisas.
Por ejemplo, BI Incorporated puede liberar información personal a sus “subsidiarios o afiliados” o simplemente “si creemos que su divulgación es necesaria o apropiada para proteger los derechos, propiedad o seguridad de BI Incorporated, nuestros clientes u otros”.
También puede divulgar sus datos con “contratistas, proveedores de servicios y otras terceras partes que usamos para apoyar nuestros servicios”, quienes la empresa dijo están obligados a mantener esa información confidencial.
Para usuarios de California en específico, la política de BI Incorporated dice que la aplicación ha “recopilado o recibido” información financiera, médica, de educación o empleo.
Los usuarios proporcionan esta información directamente a la compañía o “automáticamente cuando usas la aplicación”, y la información es usada para verificar la identidad o para “proporcionar servicios en conexión con tu supervisión comunitaria”.
BI Incorporated refirió las solicitudes de comentario de inewsource a ICE.
ICE no respondió preguntas específicas de inewsource en referencia a la recolección o divulgación de datos por parte de SmartLINK, pero dijo que la agencia está “comprometida a proteger los derechos de privacidad, derechos civiles y libertades de todos los participantes dentro del programa Alternatives to Detention”.
Mientras que el gobierno federal expande su uso de tecnología inteligente, promoviéndolo como un método más seguro y efectivo que la detención física, los defensores ven problemas de privacidad que se extienden más allá de aquellos que usan la tecnología.
“Existe una idea errónea de que el uso de herramientas inteligentes o herramientas que utilizan tecnología con fines de aplicación de la ley no son tan invasivas como algunas de las herramientas físicas”, dijo Pedro Ríos, director de un programa de derechos migrantes en el American Friends Service Committee.
En repetidas ocasiones, la tecnología de vigilancia en la frontera captura información de comunidades más amplias, no sólo de inmigrantes bajo la mira de ICE.
Un estudio publicado recientemente del centro de ley de privacidad y tecnología de Georgetown, encontró que ICE opera una red expansiva y de largo alcance capaz de rastrear a tres de cada cuatro adultos en los Estados Unidos.
Julie Mao, subdirectora de Just Futures Law, uno de los grupos que presentó la demanda en contra de ICE sobre los datos de SmartLINK, dijo que en un condado más amplio como San Diego, las comunidades “inmigrantes o no” ya han sido sujetas a vigilancia.
“Pensamos en este momento, ‘¿Por qué se están quejando los inmigrantes de esta versión de vigilancia? Ellos solo deberían de estar felices de no ser detenidos o deportados’”.
Pero la realidad es, ella añadió, que las herramientas para vigilar inmigrantes hoy en día “pueden ser multiplicadas, transferidas o readaptadas para otras comunidades y por otras razones”.
