Los san dieguinos que depositan su basura en contenedores de basura propiedad de la ciudad podrían enfrentar un nuevo cobro por la recolección de basura si los votantes aceptan permitirle a la ciudad que comience a cobrarle a los residentes por el servicio.
Los votantes que viven en la ciudad opinarán el 8 de noviembre sobre la Medida B, decidiendo si se enmienda la “Ordenanza de la Gente” (“People’s Ordinance” en inglés), una ley de San Diego de cien años de antigüedad que ha asegurado la recolección gratuita de basura principalmente para los hogares unifamiliares de la ciudad. La mayoría de los dueños de apartamentos o condominios tienen que pagar para que recolectores privados remuevan su basura.
La ciudad estima que más de la mitad de los dueños de propiedades en la ciudad reciben servicios de recolección de basura gratuitos. Ese estimado está basado en que el 53% del inventario inmobiliario de la ciudad consiste de hogares unifamiliares, los cuales la ciudad estima conforman la mayor parte de sus clientes. Los negocios y los residentes que viven en calles privadas o en apartamentos o condominios grandes no reciben el servicio.
Por qué esto importa
Los san dieguinos han disfrutado de los servicios de recolección de basura gratuitos desde 1919, cuando la ciudad aprobó una ley de basura y la población de la ciudad y su generación de basura eran muy diferentes. Los líderes de la ciudad quieren que los votantes permitan cargos por la recolección de basura, diciendo que eso mejoraría y expandiría los servicios. Pero los críticos dicen que los propietarios ya pagan por los servicios a través de sus impuestos de propiedad. Los votantes deciden el 8 de noviembre.
La ciudad presupuestó $79 millones este año para cubrir los servicios de recolección de basura, incluyendo $59 millones del fondo general.
Cualquiera que viva en un hogar elegible probablemente sería impactado si los votantes aceptan permitirle a la ciudad la habilidad de imponer cobros por la basura — ya sean dueños de hogares a quienes se les cobra el nuevo cargo o renteros cuyos arrendadores les pasarían el cobro a través de acuerdos de renta.
Los defensores dicen que remover la prohibición de cobrarle a los clientes de la ciudad por la recolección de basura está pendiente desde hace mucho tiempo porque le da a algunos residentes de la ciudad un beneficio raro, exclusivo de servicios de recolección de basura gratuitos, pero no a otros quienes tienen que pagarle a recolectores privados.
El Presidente del Concejo de San Diego Sean Elo-Rivera, quién copatrocinó la medida de la boleta electoral junto al Concejal Joe LaCava, dijo que la ciudad no ha contado con los recursos para expandir los servicios, como incrementar la recolección de reciclaje una vez a la semana y el levantamiento de objetos grandes.
“Quiero que ellos reciban servicios de alta calidad, y lo que la Medida B hace es proporcionar los recursos necesarios para facilitar el ofrecimiento de servicios de alta calidad que las personas quieren”, dijo Elo-Rivera a inewsource.
Los opositores a la medida electoral dicen que los dueños de propiedad ya pagan por el servicio de recolección de basura a través de sus impuestos de propiedad, los cuales financian todos los servicios de la ciudad.
“La Medida B es un incremento de impuestos masivo en un momento cuando la inflación está ya por los cielos y las familias trabajadoras están batallando”, dijo el ex Concejal Carl DeMaio, quién lanzó una campaña en contra de la medida electoral.
Una grán incógnita en el debate es exactamente cuánto dinero más va a poder recolectar la ciudad – y el cobro exacto que pagarán los clientes – si los votantes dicen “sí” a los cobros de recolección de basura.
Eso es porque los votantes solamente decidirán si le dan a la ciudad la autoridad de realizar un cobro, y su aprobación no fijará nada en específico sobre cuánto se les va a cobrar. La ciudad decidirá sobre los montos de los cargos hasta después si pasa la medida en noviembre.
La pregunta se vuelve más turbia porque, como encontró inewsource, la ciudad no sabe exactamente a cuántos clientes se les cobrará por los servicios de recolección de basura. Cuando inewsource preguntó por una lista de propiedades y clientes que actualmente reciben servicios de recolección de basura gratuitos, la ciudad dijo que no captura ni rastrea esos datos.
No obstante, analistas de la ciudad estiman que la ciudad podría cobrar a los clientes un cargo mensual de entre $23 y $29 y cubrir sus costos actuales para proporcionar servicios de recolección de basura y también recuperar el costo de un programa de servicio de cobro y servicio al cliente. Pero esos estimados están basados solamente en que la ciudad continuará manteniendo los niveles existentes de servicio, no expandiéndolos. Tampoco toman en cuenta la inflación, la cual está en niveles históricos.
Debido a que un estudio para determinar los cobros exactos “podría tomar varios años para ser completado, y el costo de proveer este servicio pudiera incrementar durante los próximos años, el cargo real impuesto podría ser más alto”, a menos de que la ciudad acepte subsidiar algunos de los costos, según dicen analistas de la ciudad.
La falta de claridad sobre cuáles serán los costos reales para los clientes es un problema, dijo el CEO y Presidente de la Asociación de Contribuyentes de Impuestos del Condado de San Diego Haney Hong, un opositor a la medida electoral.
“El que la ciudad no tenga registros efectivos es en sí mismo una seña de advertencia”, él dijo.
Cambios propuestos para la Ordenanza de la Gente
Si la medida electoral pasa, los residentes de San Diego perderían un servicio gratuito que es disfrutado por muy pocas comunidades a lo largo del estado.
San Diego actualmente es uno de solamenteólo tres ayuntamientos en California con una población de al menos 7,000 habitantes que no le cobra a sus residentes un cargo específico por la recolección de basura, según investigaciones compiladas por personal de la ciudad. Los cobros por recolección de basura realizados en otras ciudades de California varían de forma dramática – desde $143 por mes en San José hasta $24 por mes en Long Beach, según un reporte de la ciudad.
Si la Medida B pasa, las ganancias por el cobro por recolección de basura pagarían por el manejo de desperdicios directamente, en vez de sacar recursos del fondo general. Los funcionarios de la ciudad dicen que este cambio podría liberar millones de dólares que podrían ser utilizados en servicios públicos – como parques, bibliotecas y seguridad pública — que benefician a todos los residentes.
Otra complicación en el debate de la basura es que las residencias aparte de los hogares unifamiliares probablemente también reciben servicios de recolección de basura sin costo. Si ellos cuentan con un contenedor de basura de la ciudad y acceso a una calle pública dentro de la ruta de servicio de la ciudad, su basura será recolectada de forma gratuita.
Eso es porque la ciudad actualmente no describe qué tipo de hogares son elegibles para la recolección de basura. Tampoco especifica el número de contenedores que un residente o una propiedad puede tener. Solamente tienes que contar con espacio adecuado para acomular y acceso a una calle pública.
Jordan More, el analista de políticas de la ciudad, dijo que en teoría un inmueble multifamiliar podría tener contenedores de la ciudad y servicios de recolección de basura gratuitos. “Si alguien está dispuesto a sacarlos a la banqueta, sí, a los recolectores de basura de ciudad se les enseña: si ves un contenedor, levantalo porque técnicamente así es como está escrita la ley ahora”.
La medida enmendaría la ley para clarificar qué tipos de hogares son elegibles, permitiendo acceso a propiedades residenciales “con hasta cuatro residencias en un mismo lote”, confirmó More.
Eso significa que algunos propietarios de propiedades multifamiliares podrían ganar o perder elegibilidad para el servicio de recolección de basura, a pesar de que la ciudad estima que el número de propiedades afectadas es muy bajo.
Si la iniciativa de la boleta pasa, a las unidades multifamiliares que continúen siendo elegibles se les cobraría eventualmente un cargo por parte de la ciudad. Sin embargo, si cualquier propiedad es considerada como no elegible, a esas propiedades no se les brindaría el servicio por parte de la ciudad y tendrían que pagar por un recolector privado, él dijo.
Sigue siendo una especie de blanco en movimiento quién será quien pague la factura.
La ciudad no conoce su base de clientes precisa, y no rastrea a sus clientes ni a sus contenedores porque la ley no lo requiere, agregó More.
En vez de eso, la ciudad utiliza datos de cobro de servicios públicos para estimar que existen 285,000 clientes potenciales del servicio de recolección de basura. Los datos de los servicios públicos ofrecen la “mejor estimación en cuanto a dónde están ellos (clientes)”, dijo More. “Son bases de clientes de tamaños similares”.
Si los votantes permiten que la ciudad imponga un cargo por la basura, la ciudad conducirá un estudio – que se espera que cueste $1 millón y tome dos años – para determinar justo a cuántos clientes sirve y dónde están, agregó More.
Los cobros nuevos le darían a la ciudad los recursos financieros para crear un nuevo sistema de cobro para rastrear a sus clientes, dijo Charles Modica, el analista independiente de presupuesto de la ciudad.
La ciudad también podría recuperar el costo de proporcionar servicios de reciclaje de desperdicios orgánicos a través de los cobros por la basura para todas las residencias elegibles para el año 2023, un servicio requerido por una nueva ley estatal. Esos costos del programa fueron incluidos en el gasto total de la ciudad de servicios de recolección de basura para este año, lo cual manejó los estimados del cargo por la recolección de basura de la ciudad que Modica dijo que el reciclaje de desperdicios orgánicos probablemente no tendría un gran impacto sobre los cargos por la basura a futuro.
Los vecinos y defensores opinan
El futuro de los cargos por la recolección de basura en San Diego pueden depender de un gran bloque de votantes indecisos que están por decidir.
Una encuesta reciente comisionada por el San Diego Union-Tribune y 10 News le preguntó a posibles votantes si apoyarían o se opondrían a un cambio en la ley que aseguraría que “todos los residentes de la ciudad reciban servicios de recolección de basura y reciclaje comparables, al dejar que la ciudad recupere sus costos de proporcionar estos servicios a los hogares elegibles”.
Como respuesta, un bloque significativo de votantes – 41% – dijeron estar inseguros de cómo votarían. Solo el 35% dijo que estaban a favor y el 21% dijo que se opone.
Pero la oposición incrementó dramáticamente – al 45% de todos los encuestados y el 55% de los dueños de hogares unifamiliares – cuando se les dijo que los hogares unifamiliares ya no recibirían el servicio de recolección de basura de forma gratuita si la medida en la boleta pasa, una posibilidad que las preguntas de la primera encuesta no hizo de forma explícita.
Al hacer esa pregunta, el apoyo cayó hasta el 27% pero los votantes indecisos cayeron hasta el 12% de los encuestados.
Sheree Myles, quien vive en un dúplex en el área de Swan Canyon de City Heights, no está deseosa de recibir cobros por los servicios de recolección de basura. Ella dice que un cobro nuevo sería injusto porque la persona a quien le renta ya paga impuestos de propiedad que cubren la recolección de basura, y su renta ayuda a cubrir esos costos.
“¿Quién quiere pagar por algo que ya es gratis?”, dijo Myles.
Justo más abajo en la cuadra, Dan Swenson, quien es dueño de un condominio, dice que un cobro nuevo es injusto porque la ciudad ya tiene las ganancias de los impuestos para pagar por el servicio de recolección de basura.
“Todos quieren hacer lo correcto, y hay que financiar esto y hay que financiar aquello y es más caro. Pero no debería estar a cuestas de los propietarios de hogares asociarse más con la ciudad para conseguir que se logren negocios generales justos”, dijo Swenson.
Mientras que él es capaz de pagar sus cuentas y mantener a su esposa quien tiene cáncer si a él se le cobra el nuevo cargo por la basura, algunos de sus otros vecinos mayores con discapacidades puede que no sean tan afortunados.
Si los nuevos cargos son demasiada carga financiera para los residentes, Modica dijo que la ciudad puede cubrir los costos del cargo para ellos. Pero ningún plan de alivio está incluido en la medida electoral.
Los votantes no tendrán la imagen completa de cómo es que la medida electoral los afectará al leer la medida en sí. No dice explícitamente que la ciudad planea cobrarle a los residentes un nuevo cargo, y dice que la recuperación del costo permitiría que la ciudad ofrezca “servicios adicionales … sin cargo extra”.
Pregunta de la boleta electoral sobre la Medida B para los votantes
“¿Debería de ser enmendado el Código Municipal de San Diego para que todos los residentes reciban servicios de recolección de basura, reciclaje, y otros tipos de manejo de desperdicios sólidos, al permitir que la Ciudad recupere sus costos por proporcionar estos servicios a propiedades residenciales elegibles, lo cual le permitiría a la Ciudad proporcionar servicios adicionales, como reciclaje semanal, levantamiento de materiales voluminosos, reemplazo y entrega de contenedores de banqueta, sin costo extra?”
Algunos residentes entienden el impacto sobre ellos si la medida electoral pasa y dicen que un cobro por la basura en el futuro vale bien la pena..
“Todos deberían de pagar su parte justa de lo que necesitamos recolectar para que haga cargo de toda nuestra basura”, le dijo a inewsource Kathleen Hallahan, Presidenta del Grupo de Residentes de East Village, un grupo comunitario para los residentes del vecindario downtown. Ella agregó que la medida también podría elevar la conciencia sobre cuánta basura producen las familias y alentar el reciclaje.
En un foro público reciente, Elo-Rivera dijo que la frustración de los san dieguinos con los servicios e infraestructura insuficientes de la ciudad resulta porque la ciudad no está generando tantos ingresos como podría.
“Todo eso es producto de que a todos ustedes se les ha dicho una mentira de que podemos seguir adelante sin pagar nuestra parte justa”, dijo Elo-Rivera, quien representa a comunidades incluyendo a Mt. Hope, City Heights y College Area.
Hong, el CEO de la Asociación de Contribuyentes de Impuestos quien se opone a cobrarle a los propietarios de viviendas por el servicio de recolección de basura, dijo que está de acuerdo con que la Ordenanza de la Gente es injusta para los residentes porque mientras todos los san dieguinos contribuyen a los ingresos de impuestos de la ciudad, solo algunos consiguen el servicio de forma gratuita. Pero, dice él, la Medida B no es la manera de resolver el problema de equidad.
En vez de eso, Hong está a favor de permitir más competencia entre recolectores privados y los operadores de manejo de desperdicios de la propia ciudad y un sistema que permita que todos los residentes se beneficien de los servicios de recolección de basura gratuitos al menos hasta cierta cantidad. A los clientes que se excedan de su producción de basura se les cobrará, según dicen Hong y la recomendación de la asociación.
“Dejen que la ciudad compita, y vamos a ver quién realmente lo hace por la menor cantidad”, le dijo Hong a inewsource.
En un foro con Hong y el Union-Tribune, LaCava dijo que la Medida B garantizará costos más bajos para los residentes. La ciudad solo puede cobrar por el costo de proporcionar el servicio. Mientras tanto, los recolectores privados pueden generar ganancias y más en sus estructuras de cobro, dijo LaCava.
“Esa competencia no siempre sigue su curso de la manera que la gente cree”, él dijo.
Hong tampoco cree que la Medida B sería justa para muchos propietarios de hogares unifamiliares al sur de la Interestatal 8.
“Estamos hablando de personas de la tercera edad, estamos hablando, tu sabes, de personas en comunidades desatendidas”, él dijo. “No sé cómo es que cobrándoles más por la basura además de los impuestos de propiedad que ya pagan, la ciudad de alguna forma va a (hacer) el sistema más justo para ellos”.
Steven Kolbert, quien es propietario de una casa en University Heights, dijo que él planea votar “no” en la medida por el lenguaje de la boleta, el cual no menciona directamente el cobro a los residentes de un cargo nuevo, “puede ser engañoso”.
“Creo que está escrito de tal manera que lograrán que más personas voten por él, sin que (los votantes) sepan cuáles son las ramificaciones reales”, dijo Kolbert. “Pone más responsabilidad sobre mí para investigar más y no solamente tomar una decisión basado en lo que ves en la boleta”.
Jill Castellano contribuyó para este reportaje.
Este proyecto fué producido con apoyo financiero del Instituto de Prensa Estadounidense (American Press Institute en inglés).
Traducido por Daniel Montano.
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