Oficiales del Condado de San Diego apuntan hacia robos de salario mientras los reportes rebotan a cifras prepandémicas

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Legisladores a lo largo del estado se han comprometido en años recientes a frenar el robo de salarios y a hacer que los empleadores rindan cuentas de un problema que según los trabajadores de California les costó $320 millones solamente en el año 2017.

Y mientras que esos esfuerzos – que incluyen iniciativas de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego y una nueva ley estatal apuntada a tomar medidas enérgicas en contra de los empleadores – apenas fueron puestos en curso recientemente, el problema de robo de salarios no ha mejorado.

De hecho, el año pasado los reportes de robo de salarios rebotaron a niveles prepandémicos. Entre 2018 y 2022, el comisionado de trabajo del Condado de San Diego recibió casi 15,000 quejas de robo de salarios. Durante el mismo periodo, las cortes del Condado de San Diego han ordenado que los empleadores reembolsen casi $20 millones en salarios robados a sus empleados. 

Pero lo que no es claro es cuánto de ese dinero ha sido regresado a los trabajadores.

Registros en línea del Departamento de Relaciones Industriales (DIR por sus siglas en inglés) – la agencia estatal encargada de recibir, investigar y adjudicar las quejas de robo de salarios de los trabajadores – mostró que sólo el 4% de ese monto ha sido reembolsado a los trabajadores, a pesar de que la agencia dijo que no siempre da seguimiento cuando los reembolsos han sido pagados.

El proceso del DIR para que los trabajadores recuperen su dinero ha sido criticado por ser largo, laborioso, y por basarse en que los trabajadores sean persistentes y tomen roles de detective, rastreando a empleadores pasados y sus activos.

Durante años, representantes y defensores laborales han pedido que los legisladores mejoren el proceso de quejas del estado y que establezcan más soluciones locales que pudieran recompensar a los trabajadores.

“Ahora el proceso está roto”, dijo Lorena Gonzalez Fletcher, ex miembro de la asamblea para el sur del Condado de San Diego quien es ahora la secretaria-tesorera ejecutiva para la Federación Laboral de California. “En su mayoría, no sirve a las necesidades del trabajador”. 

Iniciativas recientes de agencias gubernamentales en el Condado de San Diego sugieren que esos llamados de reforma están siendo escuchados, pero es demasiado pronto para saber qué tan eficientes serán esas nuevas políticas y programas para prevenir el robo de salarios y recuperar salarios de los trabajadores a quienes se les han robado.

Algunos defensores dicen que las soluciones deberían incluir que los gobiernos le paguen a los trabajadores los salarios que se les deben y que vayan tras los empleadores por el dinero.

El robo de salarios “cambia la fé de la gente en nuestros sistemas”, dijo Kyra Greene, directora ejecutiva y presidenta de la junta del Centro de Iniciativas Políticas en San Diego, una organización de investigación sin fines de lucro en defensa de la justicia social y económica.

“Es un crimen real con implicaciones reales para el bienestar de la gente y las comunidades en nuestra región”.

El robo de salarios es generalizado, pero las soluciones son prolongadas

Estudios muestran que el robo de salarios afecta a más personas que otros tipos de robo, pero los caminos legales para que los trabajadores recuperen sus salarios de los empleadores quienes los robaron pueden tomar desde meses hasta años para ser navegados, y en algunas ocasiones esos esfuerzos no terminan con los empleados recolectando su compensación merecida en absoluto.  

Solo el 4% de las quejas por robo de salarios con el comisionado de trabajo en el Condado de San Diego entre el 2018 y el 2022 fueron registradas como pagadas por completo, según un análisis realizado por inewsource de datos en línea del DIR. Se desconoce el estatus del 96% restante de los casos, porque en la mayoría de los casos, el DIR solo sabe si un empleador realmente le paga a un empleado si alguna de las partes lo reporta, lo cual no sucede en la mayoría de los casos, según dijo un vocero del DIR a inewsource.

Después de recibir una sentencia, una orden de la corte basada en una decisión del DIR a favor del empleado que dice cuánto es que debe el empleador, el empleado seguido se encuentra por sí sólo para hacer cumplir el pago.  

En ocasiones el DIR proporciona asistencia legal e investigativa a los trabajadores que califican, pero para aquellos que no, la agencia recomienda que se dirijan con abogados privados, agencias de colección o grupos sin fines de lucro que proporcionan servicios legales para buscar ayuda.

El problema con eso, según dicen defensores laborales, es que los abogados y las agencias de colección pueden ser demasiado costosas para los trabajadores que de por sí ya tienen déficits de dinero.

“Puede que estemos trabajando en esto seis meses o más y que ellos tuvieran que encontrar otro trabajo. Puede que se hubieran atrasado en algunos de sus gastos. Puede que no cuenten con esa asequibilidad para conseguir un abogado privado que vaya tras esos fondos o que los ayude a conseguir esos fondos”, dijo Derrick Robinson, investigador en jefe y analista de políticas con el Centro de Iniciativas Políticas.

Y en el Condado de San Diego, la única organización sin fines de lucro que ofrece servicios legales sin costo para asuntos de derechos laborales no puede cumplir con las necesidades de todos los que necesitan ayuda, según Marisol Turincio, gerente de campaña del Centro de Derechos de los Empleados en City Heights. 

“Hacemos todo lo que podemos, pero no tenemos toda la capacidad para ayudar a todas las personas que necesitan ayuda en el condado”, dijo Turincio.  

Más soluciones locales podrían aliviar el dolor de los trabajadores 

Los salarios justos y las condiciones laborales están recientemente en la punta de la lengua de funcionarios y trabajadores de San Diego, incluyendo a Sofía Martínez, una de muchos trabajadores en uniones que se declararon en huelga en semanas recientes para negociar con un contratista del condado que proporciona servicios de limpieza. 

Martínez ha limpiado el Centro de Administración del Condado durante los últimos 10 años, trabajando desde la tarde hasta la 1:00 a.m.

Durante todo ese tiempo ella ha ganado el salario mínimo y ese ingreso hace difícil que pueda mantenerse a sí misma y a su hijo adolescente.

“Vine aquí para tener algo mejor. Pero pienso que no es lo mejor”, dijo en español Martínez, una inmigrante de Guadalajara, México.

Enfrentar el robo de salarios y otros problemas laborales es una prioridad principal para la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, según Terra Lawson-Remer, supervisora del Distrito 3 representando a la línea costera desde Carlsbad hasta Coronado.

“Inclusive una sola instancia de una persona haciendo su trabajo, presentándose todos los días, que trabaja duro para que luego se le niegue la compensación que se merece … es inaceptable y es demasiado”, dijo Lawson-Remer.

En años recientes, la junta ha puesto en su mira el robo de salarios y otros problemas laborales a través de una serie de políticas y programas que apuntan hacia una respuesta más local para un problema generalizado.

En diciembre, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó una política que, entre otros requisitos, creó un fondo de robo de salarios que reembolsaría a trabajadores contratados por el condado a quienes sus empleadores les robaron sus salarios.

Y en 2021, la junta votó para crear una Oficina de Cumplimiento y Normas Laborales del condado, la cual ofrece un camino local para que los trabajadores recuperen salarios robados.  

La oficina, que apenas recién comenzó a operar, está estableciendo un fondo para reembolsar trabajadores a quienes no se les pagaron salarios atrasados a través del proceso del comisionado de trabajo, y está desarrollando una serie de multas en contra de los empleadores que cometan robo de salarios, como la retención de permisos y su exclusión de oportunidades de contrato. 

Los defensores dicen que quieren ver más soluciones como esa.

Gonzalez Fletcher de la Federación Laboral de California, una coalición de uniones laborales en defensa de mejores condiciones de trabajo, dijo que su equipo está empujando para expandir el presupuesto de DIR, y para facilitar que la agencia contrate empleados y empodere a más funcionarios locales a perseguir medidas cautelares en contra de los empleadores que cometan robo de salarios.  

“Yo pienso que tenemos que continuar expandiendo el número de personas dentro del gobierno que puedan atraer esos cargos y quejas”, dijo ella.

Durante su tiempo en la Asamblea de California, Gonzalez Fletcher impulsó un proyecto de ley centrado en facilitar la persecución de crímenes por robo de salarios. Ese proyecto se convirtió en ley en el 2022, pero por lo pronto, ha resultado en sólo un enjuiciamiento por robo en el condado.

La educación sobre derechos laborales debería de ser otra prioridad, dijo Gonzalez Fletcher. Su equipo también está trabajando en un proyecto de ley que requeriría que los estudiantes de preparatoria aprendan sobre derechos laborales.

“La verdad es que la gran mayoría de los californianos que han sido sujetos a robo de salarios o están demasiado asustados para denunciar o no saben que la ley se está rompiendo”, dijo ella.

Aparte de la rendición de cuentas por parte de los empleadores, los gobiernos necesitan asegurar que a los trabajadores se les “reembolse por completo” cuando la recuperación de dinero por parte del empleador no sea posible, dijo Greene, del Centro de Iniciativas Políticas.

Los gobiernos deberían de priorizar otorgar pagos para los trabajadores que han sido robados, dijo Greene, y utilizar sus propios recursos para ir tras el empleador.

Especialmente para los trabajadores de salarios bajos que en repetidas ocasiones son blanco del robo de salarios, Greene dijo que el sistema para recuperar salarios pone la carga de recibir justicia en los empleados, y en muchas ocasiones los deja sin remedios para los dolores financieros inmediatos y a veces devastadores.

“Le prometemos a la gente como sociedad que si trabajan duro, el sistema es justo”, dijo Greene. “El robo de salarios demuestra completamente que el sistema no es justo y que a las personas que son injustas contigo no se les hace rendir cuentas”.