Miles de migrantes esperan en albergues en Tijuana mientras Título 42 alcanza la Suprema Corte

Read this story in English here.

Miles de migrantes con esperanzas de cruzar a los Estados Unidos están viviendo en el limbo en Tijuana, mientras una batalla legal sobre la terminación de una política de la era pandémica que ha restringido el acceso al asilo durante casi tres años se dirige a la Suprema Corte de los Estados Unidos.

El involucramiento de la Suprema Corte sugiere respuestas a esa pregunta, y el posible fin de la política de expulsión, está en la mira.

La Suprema Corte escuchará argumentos en febrero, concediendo una solicitud de intervención por parte de estados liderados en su mayoría por Republicanos que quieren detener a la administración de Biden de terminar la política de salud de la era Trump, alegando que su retroceso llevaría a una afluencia de migrantes en la frontera e “infligiría daños irreversibles masivos en los estados”. 

Mientras que el caso toma su curso en la corte, funcionarios y altruistas en Tijuana están vigilando mientras continúan manejando una ciudad donde miles de migrantes han estado esperando, algunos durante años, para actuar en su derecho de pedir protecciones de asilo a los Estados Unidos. 

“(Los albergues) están en su máxima capacidad debido a esta medida y entre más tiempo tome en terminar el Título 42, el retraso continuará creciendo y el reto será más grande cuando sea que el Título 42 verdaderamente termine”, dijo Enrique Lucero, director de asuntos migrantes para la ciudad de Tijuana.

inewsource visitó varios albergues de migrantes en Tijuana durante las semanas antes del retroceso agendado del Título 42. Las noticias de que el fin de la política podría ser inminente no habían alcanzado a todos los migrantes o afectado su decisión de esperar en Tijuana. Pero los líderes de los albergues ya se encontraban anticipando el impacto.

En el albergue Templo Embajadores de Jesús en Tijuana, uno de los albergues más grandes en la ciudad, la construcción para incrementar su capacidad está en marcha, pero no podría llegar lo suficientemente rápido. A principios de diciembre, los migrantes hicieron una fila para descargar bloques de cemento de un camión y pasarlos hacia un edificio aún no terminado en la cima de una colina.

Gustavo Banda Aceves, director del albergue, dijo a principios de diciembre que su albergue ya había llegado a su límite de capacidad, pero que más migrantes están en camino.

“Vienen tiempos difíciles para todos”, dijo Banda Aceves.  

El Título 42 fué implementado por primera vez por la administración Trump al inicio de la pandemia de COVID-19 para prevenir la propagación del virus en los Estados Unidos, pero los críticos dicen que la política era más bien sobre prevenir la inmigración hacia los Estados Unidos.

Bajo la política, los oficiales de inmigración rechazan a los migrantes en los puertos de entrada o los expulsan desde los Estados Unidos de regreso a México o a su país de origen. Los defensores de inmigración dicen que la política ha llevado a que miles de migrantes esperen en ciudades fronterizas incluyendo Tijuana, donde ellos han sufrido de ataques y explotación.

Human Rights First, una organización no partidista que promueve los derechos humanos internacionales, ha rastreado más de 13,000 reportes de ataques violentos hacia migrantes en México afectados por el Título 42. 

Las amenazas de muerte por parte de criminales llevaron a que Reyes García Hernández y su pareja escaparan de su hogar en el estado mexicano de Michoacán hacia los Estados Unidos. La amenaza de violencia también los mantuvo confinados en el albergue donde se estaban quedando en Tijuana mientras esperaban pedir asilo en los Estados Unidos.

“Aquí en la ciudad de Tijuana, sin embargo, no nos sentimos seguros. Por eso hemos decidido no dejar el albergue”, dijo García Hernández. “Ahora estamos esperando. Tenemos fé de que estar en los Estados Unidos es algo mejor que estar aquí”.

Después de vivir en el albergue durante dos meses, García Hernández y su pareja fueron procesados hacia los Estados Unidos el mes pasado como excepciones al Título 42 bajo un acuerdo con las autoridades de inmigración de los Estados Unidos y organizaciones sin fines de lucro que trabajan con migrantes. Ellos están ahora reunidos con un familiar tutor en los Estados Unidos.

Bajo el acuerdo actual, alrededor de 200 migrantes en Tijuana son recibidos por día en los Estados Unidos según Lucero.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni su rama ejecutora, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, respondieron a múltiples solicitudes de comentario.

El programa de excepción también ha llevado a la corrupción en ciertas instancias, según un reportaje reciente. El San Diego Union-Tribune reportó en diciembre que algunos solicitantes de asilo — muchos rusos en particular, varias fuentes le dijeron al medio — estaban pagando para entrar a los Estados Unidos a través del programa de excepción, un proceso que debería de ser gratuito, pero la dimensión del problema no está claro.

El informe del Union-Tribune no mencionó ningún albergue en específico. Los solicitantes de asilo aún han podido pasar por el program correctamente, es decir, sin pagar, informó le medio.

Entre 600,000 y 800,000 migrantes se encuentran actualmente en esa lista y están viviendo en alrededor de 30 albergues en Tijuana, dijo Lucero.

“Muchos migrantes se desesperan y luego pues, intentan aventarse al muro, cruzar el muro, entregarse o nadar por Playas de Tijuana arriesgando sus vidas, dijo Lucero. “Pues sí, es bastante frustrante para ellos esta larga espera”.

Docenas de muertes han sido documentadas en años recientes en la región de San Diego ya que migrantes han caído desde el muro de la frontera del sur, se han ahogado en las aguas de la costa, o han emigrado a través de la región rural montañosa a lo largo de la frontera.

En un esfuerzo por desalentar la inmigración indocumentada, el presidente Biden anunció el jueves que Estados Unidos aceptará un número mayor de inmigrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba en un programa de libertad condicional que les permitirá vivir y trabajar en el país por dos años.

Pero la administración al mismo tiempo amplío el uso del Título 42, ya que planea expulsar a los inmigrantes de aquellos países quienes intenten ingresar al país sin la documentación adecuada.

Aún así, algunos directores de albergues se preocupan sobre qué es lo que viene después del Título 42. El actual programa de excepción, a pesar de ser insuficiente comparado a la necesidad, le da un grado de acceso a los migrantes que vienen a Tijuana, dijeron ellos.

“Me gustaría que siguiera como está en este momento, pero (me gustaría) que dieran más números por semana para que la gente se fuera yendo ordenadamente”, dijo Banda Aceves, director del albergue Embajadores de Jesús.

En este momento, los migrantes en ese albergue típicamente esperan algunos meses ahí antes de ser procesados hacia los Estados Unidos a través del programa de excepción. El proceso hace que la espera sea más tolerable, dijo Banda.

Pero existen algunos migrantes que han esperado durante mucho más que algunos meses. Mairani Rubio Padilla y su hijo, buscadores de asilo escapando de la extorsión y violencia en Michoacán, México, esperaron durante casi año y medio en Tijuana antes de ser admitidos a los Estados Unidos en diciembre.

Otros migrantes que se quedaron en ese albergue, el albergue para mujeres Libélula en el este de Tijuana, pasaron mucho menos tiempo esperando en la ciudad fronteriza. Mientras se esparcían las noticias del posible fin del Título 42, la directora de Libélula Gloria Sánchez esperaba llevar a los migrantes que se estaban quedando ahí a los Estados Unidos a través del programa de excepción.

Adriana Reyes Galindo, directora del albergue Camino de Salvación, no quiere que el Título 42 termine porque le preocupa que el sistema de proceso que venga después de la política pudiera ser peor.

“Todos los albergues están en la misma situación, porque si desaparece el Título 42 como ahorita con esta ayuda, toda la gente se va a concentrar y ¿qué va a hacer?, ¿Qué vamos a hacer?”, dijo Reyes Galindo.

Pero Reyes reconoce que también existe una necesidad de una mayor respuesta ante los arribos de migrantes en Tijuana. Cualquiera de los sistemas de proceso que entre en vigor, dijo ella, no detendrá el flujo de personas que huyen de sus países de orígen. Eso, dijo ella, requiere un enfoque diferente.

“Aparte de Estados Unidos, yo creo que cada gobierno tiene que buscar las soluciones para evitar la pobreza y la violencia, porque por eso está la migración”, dijo Reyes Galindo.

La Suprema Corte escuchará argumentos en febrero para determinar si los estados tienen el derecho de intervenir en el retroceso del Título 42, pero hay otras preguntas legales en juego que pudieran afectar el resultado de la política.

Los estados también tendrán que demostrar que el Título 42 fué implementado apropiadamente. La decisión de retroceder la política estuvo basada en un descubrimiento de la corte baja que dictó que la manera en la que el entonces presidente Trump promulgó el Título 42 violó el Acta de Procedimiento Administrativo.

Aún así, la emergencia que precipitó el uso del Título 42, la pandemia de COVID-19, ya no es considerada una amenaza importante para la salud pública, escribió el juez de la Suprema Corte Neil Gorsuch en la opinión disidente.

La administración de Biden intentó retroceder el Título 42 por primera vez en abril. Desde entonces, la oposición por parte de los líderes políticos conservadores ha estancado el proceso, pero el hecho de que la política alcance la Suprema Corte podría señalar que su fin está cerca, dijo Tammy Lin, abogada de inmigrantes y profesora adjunta en la Universidad de San Diego.

“No existe otro lugar al cual pueda ir una vez que vaya a la Suprema Corte”, dijo Lin.

“Con suerte, los jueces tomarán la decisión correcta y solo dejarán que la rama ejecutiva haga su trabajo, y si ellos quieren terminar el programa, que lo terminen”, dijo Lin.

Zoë Meyers contribuyó a este reportaje. 

Traducido por Daniel Montano.