Los reclamos por robo de salarios están de nuevo a la alza en San Diego, pero los enjuiciamientos son raros

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El robo de salarios, que sucede cuando los empleadores retienen salarios u otros beneficios de los empleados, está generalizado en el Condado de San Diego y de nuevo a la alza después de una caída pandémica, según expertos y datos del Departamento Estatal de Trabajo.

A pesar de esas tendencias, una nueva ley promulgada hace un año para facilitar el enjuiciamiento del robo de salarios no ha derivado en un sólo enjuiciamiento por robo de salarios en el condado, y la Oficina del Fiscal del Condado dijo que esto es porque la ley aún es nueva.

Y las leyes que existían previamente también han tenido poco efecto. Durante todo el 2022, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego enjuició sólo un caso de robo de salarios, usando un estatuto de robo agravado (grand theft en inglés), no la nueva ley, según Tanya Sierra, oficial de asuntos públicos para la oficina.

Los trabajadores que buscan rendición de cuentas por parte de los empleadores – así como la recuperación de sus salarios robados – pueden hacer un reclamo con el Departamento de Relaciones Industriales de California, agencia que tiene la tarea de supervisar los lugares de trabajo y salvaguardar los derechos de los empleados. Y las cifras totales de estos reclamos están a la alza.

Los trabajadores presentaron más de 3,000 quejas de robo de salarios ante la Oficina del Comisionado Laboral en San Diego. Esa cifra es más alta que en los dos años previos, cuando las quejas alcanzaron cifras de alrededor de 1,900 en 2021 y 2,800 en 2020. En años pre pandémicos, las quejas por robo de salarios en el Condado de San Diego superaron por mucho las 3,000.

Estudios muestran que el robo de salarios impacta desproporcionadamente a inmigrantes, mujeres y personas de color quienes tienden a ser sobrerepresentados en industrias con salarios bajos.

“El robo de salarios sucede porque las personas son vulnerables”, dijo Kyra Greene, directora ejecutiva del Centro de Iniciativas de Política (CPI por sus siglas en inglés) en San Diego.

Y en muchas ocasiones, Greene agregó, los empleadores cometen robos de salarios con impunidad y las familias trabajadoras cargan con el peso por la falta de enjuiciamientos. 

“Eso cambia la fé de las personas en nuestros sistemas. Es un crimen real con implicaciones reales para el bienestar de las personas y las comunidades en toda nuestra región”, dijo Greene.

La ex miembro de la Asamblea de California Lorena González Fletcher, quien representó al Distrito 80 incluyendo a Chula Vista y al sureste de San Diego, introdujo la ley de robo de salarios como un proyecto de ley en 2021.

Bajo la nueva ley, la cual entró en vigor en enero del 2022, los procuradores tienen que probar más allá de la duda razonable que el empleador retuvo salarios de manera intencional con un valor mayor a $950 por empleado, o salarios con un valor mayor a $2,350 para dos o más empleados. 

Ya que la ley le da a los procuradores un cargo específico por el robo de salarios, debería de ser más fácil enjuiciar los casos y que las víctimas recuperen salarios, gratificaciones y otras compensaciones como restitución.

Antes, los condados tenían que perseguir el robo de salarios bajo el código penal de robo agravado, el cuál aplicaba para robo de dinero o propiedad. Una persona que fué enjuiciada por robo de salarios en 2022 fué condenada bajo la ley vieja por robo agravado. En ese caso, el empleador se declaró culpable del robo de trabajo con un valor mayor a $950 y fué sentenciado a pagar una multa de $500 y a pasar un día bajo la custodia de la Oficina del Alguacil.

Pero el hecho de que a nadie se le hubieran presentado cargos por robo de salarios aún bajo la nueva ley no debería de prender las alarmas sobre la efectividad potencial de la misma, según Sierra, de la Oficina del Fiscal de Distrito, quien culpó a los tiempos por la falta de enjuiciamientos.

“Es un estatuto muy nuevo y los casos por robo de salarios usualmente tienen un retraso en su reporte”, dijo ella en un correo electrónico.

La nueva ley solo aplica en acusaciones de robo de salarios que ocurrieron después de que la misma entró en vigor, y para atraer cargos bajo la nueva ley, los investigadores primero tendrían que concluir las investigaciones, las cuales toman tiempo, dijo Sierra. 

La Oficina del Fiscal de Distrito creó recientemente una Unidad de Justicia en el Lugar de Trabajo, compuesta por un procurador, un investigador y un asistente legal, dedicados al enjuiciamiento de casos de robo de salarios y tráfico laboral. La oficina vendió al equipo como señal de un nuevo compromiso para proteger a los trabajadores.

“Siempre hemos perseguido el robo de salarios, sin embargo, sólo no contábamos con una unidad dedicada”, dijo Sierra.

Una sentencia bajo la ley de robo de salarios lleva una pena máxima de tres años en prisión o una multa de $10,000.